Narcos que se traicionan entre sí, policías que protegen a unos y les roban la droga y la plata a otros y judiciales que se reparten las ganancias. Si algo le faltaba al caso Scapolan, en la que se investiga todo eso y más, era que una de las partes también denunciara la actividad de un hacker. El abogado Damián Odetti, representante de Sergio Santellán y Federico Bravo, querellantes contra el fiscal suspendido Claudio Scapolan, denunció que alguien se intrusó en su computadora. El denunciante se dio cuenta recién a finales de noviembre cuando otro letrado lo felicitó por el documental en el que había participado y que estaba publicado en YouTube. Encripdata pudo saber que en ese documental, filmado en Buenos Aires en el 2017 pero nunca estrenado, Odetti y otros entrevistados habían apuntado contra varios de los policías bonaerenses que finalmente cayeron en el 2020 justamente por el caso Scapolan.

Odetti hizo la denuncia cuando el caso Scapolan todavía estaba en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado aunque delegado desde un primer momento en el fiscal Fernando Domínguez. «Dicho documental versa sobre la corrupción en la provincia de Buenos Aires que involucra a personal policial, judicial y política en relación con el narcotráfico», resumió el abogado.

La jueza ordenó el 24 de julio de 2020 las detenciones de dos secretarios letrados de Scapolan, varios abogados, también narcotraficantes, algunos testigos truchos y decenas de policías bonaerenses, todos por formar parte de alguna u otra manera de una organización narcocriminal dedicada a la «sustracción de estupefacientes a personas de algún modo ligadas al ambiente narcocriminal para su posterior reintroducción al circuito clandestino de venta a través de terceros».

A Scapolan no solicitó arrestarlo porque tenía fueros. El fiscal hizo de todo para demorar su declaración. Al final, la magistrada lo indagó el 4 de marzo de este año y lo procesó el 1 de octubre. Al 28 de diciembre, todavía hay cinco prófugos: el abogado Gustavo Semorile, los policías Federico Rodríguez, Sergio Mamani y Gabriel Desideri y el testigo trucho José Víctor Gutiérrez. En el documental, Odetti mencionó a «Primo», el alias del testigo trucho.

El documental lo tenían solo dos personas: la productora y el abogado.

Ninguno de los dos lo subió a la plataforma, confirmaron.

Encripdata no revelará el nombre del documental ni el usuario que lo filtró para no provocar un daño económico a la productora que, por alguna razón, había decidido no estrenarlo aún ni había entregado los derechos de emisión, difusión o cesión a terceros. Pero hay indicios que llaman la atención: alguien, escondido detrás de una bandera argentina, creó ese usuario el 28 de mayo de este año y subió el video ese mismo día.

La productora avisó lo sucedido al departamento de Asistencia Legal de YouTube, pero, un mes después, el documental aún se encuentra online. Tiene 477 reproducciones, 14 «me gusta» y un comentario. En su presentación, Odetti consideró: «No me inquieta la difusión del documental, es más, me sorprendía que no se publicara en años, pero lo que me preocupa es la violación de la intimidad y el espionaje ilegal«.

Para evitar que alguien le intrusara la computadora, el abogado querellante decidió no conectarla a Internet desde el 24 de julio de 2020 en adelante, es decir, desde que la magistrada activó las detenciones. Por eso, Odetti le planteó a Arroyo Salgado: «Solicito sea investigado el hecho denunciado toda vez que, por un lado, la vulneración de mis archivos personales podrían poner en peligro la investigación -frustar los fines del proceso- de estos actuados y que, por el otro lado, no es difícil conjeturar que es un posible modo de hacerme ‘saber’ que alguien tiene información personal, de manera intimidatoria para que me aparte de estos actuados«.

Ese mensaje es verosímil: quienes usan YouTube saben que, al subir un video, se puede elegir una imagen de presentación. El documental dura 55 minutos con 41 segundos. El hacker decidió poner la cara de Odetti.

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